Burocracia y conflictos sociales ponen en riesgo más de US$5.800 millones de inversiones mineras, advierte la CCL
De no surgir cambios en los cronogramas, el Gobierno podría asegurar la inyección de US$1.500 millones anuales entre el 2023 y 2026 por diez proyectos. Cabe destacar que para el 2024 se estima el inicio de construcción de solo dos proyectos mineros en Perú.
Los procesos burocráticos del Gobierno y los conflictos sociales ponen en riesgo inversiones mineras por US$5.829 millones durante el periodo 2023-2026, advirtió el Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial (IEDEP) de la Cámara de Comercio de Lima (CCL). La estimación está relacionada a diez proyectos nuevos y de expansión.
Según el gremio empresarial, los plazos otorgados para los trámites y entrega de permisos “son un lastre para la actividad minera, pues afecta la velocidad a su crecimiento”.
“Países como Canadá, Australia y Chile superan largamente a Perú en el otorgamiento de estos permisos. Por ejemplo, obtener un permiso de explotación temprana puede tomar unas cuatro semanas en Canadá, unos meses en Chile, pero en Perú el plazo es casi año y medio, situación que afecta el atractivo de inversión más aún en tiempos en que el precio de los minerales va en aumento”, sostuvo el jefe del IEDEP de la CCL, Óscar Chávez.
Subrayó que la lentitud de estos procesos es sumamente preocupante, ya que no solo afecta a nuevos proyectos, cuyas aprobaciones de trámites y permisos para autorizar su inicio pueden tomar hasta tres años, sino también en aquellos proyectos mineros que buscan expandir su vida útil.
Añadió que este es el caso de la mina Inmaculada (Ayacucho), que al encontrarse cerca de su etapa final de operación (fines de 2023), ha solicitado —mediante la segunda Modificatoria de Estudio de Impacto Ambiental (MEIA)— expandir su vida útil hasta el año 2041, con una inversión de alrededor de US$ 4.436 millones.
PROYECTOS MINEROS EN PERÚ
Entre los proyectos mineros en construcción que están a la espera de ampliación están las minas Santa María (La Libertad) y Shouxin (Ica), que culminarían este año. También está la de Toromocho (Junín), que culminaría en 2024; y el proyecto aurífero San Gabriel (Moquegua), que concluiría en 2025.
Para este año se espera el inicio de construcción de los proyectos Magistral (Áncash), Romina (Lima), Reposición Antamina (Áncash) y Corani (Puno).
En tanto, para el 2024 se estima el inicio de construcción de solo dos proyectos: los cupríferos Yanacocha Sulfuros (Cajamarca) y Zafranal (Arequipa). A diferencia de países de la región, en el Perú no se prevé la construcción de algún proyecto de litio, pues solo hay uno en fase exploratoria.
“De no surgir alguna alteración en los cronogramas de estos diez proyectos, el Gobierno podría asegurar, al menos, la inyección de aproximadamente US$1.500 millones anuales durante el periodo 2023-2026. Esta cifra es inferior a los aproximadamente US$2.000 millones anuales que se esperaban para dicho periodo algunos años atrás. Esto se debe a que la cantidad de proyectos cancelados o postergados ha sido mayor a la cantidad de proyectos nuevos o con inicio programado”, aseveró Chávez.
COMPETITIVIDAD
Desde el 2018, Chávez indicó que se han cancelado alrededor de quince proyectos mineros, entre ellos tres de fosfato. También se postergó indefinidamente el inicio de la construcción de proyectos como Tía María (Arequipa), Michiquillay (Cajamarca), Ariana (Junín) y Trapiche (Apurímac), entre otros.
El ejecutivo reiteró que la tramitología y demoras en permisos, además de los conflictos sociales y protestas anti mineras, han hecho que el Perú pierda competitividad en lo que se refiere a inversiones mineras.
En este aspecto, resaltó que Perú agranda los riesgos de perder su hegemonía como el segundo productor mundial de cobre. Ello después de que República Democrática del Congo acrecentara su nivel de inversión tras la reciente concesión de Kamoa-Kalula, mina que proyecta convertirse en el tercer complejo de cobre más grande a nivel mundial para el año 2024.
A esta ventaja se suma la alta calidad del mineral medido a través de la Ley de Cobre que en el caso de Kamoa llega al 5%, Chile 0,51% y Perú 0,41%.
“Si Perú no acelera medidas certeras para alentar las inversiones mineras es muy probable que sigamos perdiendo espacio en el mercado mundial. Aún estamos a tiempo de actuar”, sostuvo Óscar Chávez.
Fuente Forbes
